Administración de justicia intercultural

La administración de justicia indígena y afrodescendientes constituye un derecho histórico de los habitantes de la Costa Caribe de Nicaragua. Su reconocimiento se encuentra en la Constitución Política de Nicaragua, el Estatuto de la Autonomía y su reglamento,   ley Orgánica del Poder Judicial y su reglamento, Código Penal y Código Procesal Penal, Código de Familia, entre otras normativas.  Hoy, todavía, es un singular desafío, tanto para el Estado de Nicaragua como para el aparato público regional, la implementación de mecanismos que faciliten la armonización del Derecho estatal y el Derecho indígena y afrodescendientes.

En el marco del proceso de autonomía de las Regiones Autónomas de Nicaragua, se reconoce y reafirma el derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes de administrar sus asuntos locales conforme a sus culturas y tradiciones como parte de la concepción fundamental de restablecer el orden y la rehabilitación del individuo como tal. Justicia que se fundamenta en las  tradiciones orales en los que se destaca el respeto y protección de la madre naturaleza, el buen comportamiento y respeto mutuo. El valor de la palabra, la experiencia de los mayores, la sabiduría y el consejo por parte de las autoridades indígenas, desempeñan un papel preponderante en este sistema de justicia.  El Derecho estatal por su parte, consta de una serie de normas fundamentales escritas en el cual se establece un orden de prelación situando la Constitución en el vértice de la pirámide y en forma descendente el resto de las  normas jurídicas en orden de jerarquía.

Las reformas legales contribuyen de forma decisiva a reconocer los Derechos indígenas individuales y colectivos. No obstante,  debe de acompañarse de un proceso de construcción de ciudadanía en el cual se fortalece la identidad colectiva y se garantiza mecanismos y espacios de participación real en la gestión pública para los pueblos. Los términos multiculturalidad e interculturalidad van ganando espacio y legitimidad, al haber un reconocimiento por parte de los Estados de la diversidad étnica cultural, y por ende, la coexistencia de dos sistemas jurídicos diferenciados: el estatal y el indígena.

Para reflejar esta realidad jurídica se utiliza el termino pluralismo jurídico que implica la aceptación de varios órdenes que pueden convivir en un mismo espacio y tiempo, negando la exclusividad del Derecho estatal en la producción de normas jurídicas bajo la premisa que el Estado no es la única fuente de normas y prácticas legales, sino que coexiste con muchos otros espacios donde se generan normas y se ejerce control social. En este proceso, URACCAN ha acompañado a las Organizaciones no Gubernamentales y Poder Judicial en los procesos de formación de las autoridades judiciales en esta temática en aras de la restitución de los derechos históricos del pueblo costeño y el acceso a justicia en su propio idioma.

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